El oscuro negocio del agua en la Provincia

Un polémico contrato con una empresa israelí provocaría que aumente la tarifa un 33%. Fuentes consultadas afirman que también se llevaría agua potable de la Provincia a Medio Oriente. Un oscuro entramado de 150 millones de dólares que salpica a funcionarios bonaerenses.

En la Gobernación bonaerense afirman que Daniel Scioli tiene, entre sus prioridades, la concreción de un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en nuestra región.
Detrás de una necesidad real, como es mejorar la calidad de un servicio que deja mucho que desear, se escondería un oscuro negocio protagonizado por polémicos personajes de la política provincial (ver página 4) que impactaría de lleno en el bolsillo de los usuarios de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA): la obra se financiaría con un nuevo cargo tarifario que, según algunos trascendidos, aumentaría el precio del servicio en un 33%. El proyecto incluye el financiamiento, la construcción y posterior operación de la planta hasta el momento del repago total de la obra.

“Está todo definido: Mekorot es la empresa que va a hacer la obra, ya que es la única que tiene la capacidad de hacer una obra tan compleja como la planta potabilizadora”, se defendieron en la Gobernación ante una consulta de este diario.
La realidad es que el argumento de que es la única empresa, en todo el mundo, capaz de construir una planta de agua, resulta cuanto menos sospechoso. Y tampoco está claro quién determina realmente que la planta valga 150 millones de dólares, cuando la firma que se quedará con el negocio es hasta el momento la única oferente y no hay ningún tipo de compulsa de precios, como así tampoco se difundieron estudios comparativos respecto a cuánto sale este tipo de emprendimientos en otros países.
Eso no es todo: distintas fuentes consultadas por este diario hablan de una cláusula secreta que permitiría a la empresa israelí llevarse agua potable de nuestra región, en momentos en que este recurso se torna de vital importancia ante la escasez y el conflicto que existe con los palestinos en Medio Oriente.
Un informe de Amnistía Internacional, al que tuvo acceso este diario, acusó al gobierno israelí, del cual forma parte la empresa Mekorot, “de negar a la población palestina el derecho al agua, al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y de aplicar políticas discriminatorias”.
El artículo 46 del presupuesto 2011, que fue aprobado por la Legislatura bonaerense, autoriza al Poder Ejecutivo provincial otorgar un monto de capital de hasta 150 millones de dólares, con sus intereses y demás gastos asociados, y por un plazo de hasta quince años, para afrontar las obligaciones que contraiga el fideicomiso a ser constituido en el Banco Provincia para el financiamiento de la construcción de la nueva planta potabilizadora.
Esta obra se realizará mediante el denominado “régimen de iniciativa privada”, un mecanismo por demás polémico que impulsó con énfasis el sciolismo poco después de llegar al poder en 2007. Se trata de una ley que, según entienden distintos sectores de la oposición, es una excusa para evitar los llamados a licitación internacional que demandaría una obra de estas características.
El propio gobierno bonaerense estaría apelando a todos los recursos a su alcance para constituir la garantía que permita conformar el fideicomiso del Banco Provincia, que financiará la construcción de la planta potabilizadora, ya que la propia ley de Presupuesto establece que el Poder Ejecutivo podrá afectar -para el pago de los servicios de capital, intereses y demás gastos asociados- cualquier recurso de origen provincial sin afectación específica y aquellos provenientes del régimen de coparticipación federal.
Todo indica que, nuevamente, los bonaerenses terminarán pagando la fiesta de unos pocos.

EL DATO
Potabilización, en la mira

Un aspecto oscuro del negocio es que, según algunas fuentes consultadas, los niveles de potabilización permitidos en Israel no serían los mismos que los permitidos en Argentina. Por eso se sospecha que la empresa Mekorot podría no potabilizar el agua como lo exige la legislación nacional.

Contactos con el embajador israelí

Los negocios con la empresa Mekorot no sólo atañe a la planta potabilizadora de agua de La Plata. También incluiría la construcción de otra planta para el tratamiento de aguas residuales con el objetivo de abastecer el Polo Petroquímico de Bahía Blanca.
Por eso, el año pasado, el mandatario provincial encabezó una misión comercial a Israel, donde se habrían definido varios aspectos de este oscuro convenio. En el viaje también estuvo presente el jefe comunal de Bahía Blanca, Christian Breitenstein.
Actualmente, según le dijo a Hoy el concejal de Bahía Blanca del bloque Integración Ciudadana Raúl Woscoff, la factibilidad de la obra está siendo estudiada por una comisión constituida para tal fin.
En tanto, la semana pasada, el gobernador Daniel Scioli, en persona, se encargó de darle impulso al controvertido plan. Y hasta compartió un seminario organizado por la Cámara de Comercio Argentino Israelí, presidido por el embajador del Estado de Israel, Daniel Gazit.
Pese a que no fue difundido en el parte de prensa realizado por la Gobernación, en el encuentro se habría hablado del plan hídrico en cuestión.

EN FOCO
Hay que asegurar la transparencia

Nadie puede estar en contra de que haya inversiones en nuestra región, y más en servicios tan esenciales como el agua potable. Pero, tal como lamentablemente se acostumbra en la Argentina, todo se termina haciendo entre gallos y medianoche, favoreciendo a algunos amigos del poder.
Una obra como la planta potabilizadora, que, en el mediano plazo, terminará pagando el conjunto de los habitantes de la región, debería contar con otro tipo de manejos que garanticen la transparencia para que los impuestos, que con gran esfuerzo paga el conjunto de la ciudadanía, sirvan para que haya más y mejores servicios, y no terminen llenando el bolsillo de un puñado de privilegiados.
Todo indica que, para la realización de una obra tan importante, se tendría que haber actuado de otra manera, estudiando otras posibilidades de financiamiento, incentivando la competencia entre posibles oferentes y defendiendo, a rajatabla, el supremo interés de los bonaerenses, con políticas que trasciendan los intereses corporativos de algunos sectores que, desde hace décadas, viven a costa del Estado.

Fuente: Diario Hoy