El desplazado titular del sindicato apelará a la justicia. Pérdidas por $ 80 millones.
A un día de que se involucraran en forma directa la justicia provincial y el ministro de Trabajo de la Nación, el conflicto petrolero de Santa Cruz sigue sin resolverse mientras las pérdidas económicas de la administración de Daniel Peralta ya trepan a los $ 80 millones.
La tensión del conflicto volvió a manifestarse ayer con las declaraciones contrapuestas del delegado que designó el ministro Carlos Tomada para “garantizar ” el funcionamiento del gremio patagónico y del desplazado titular del sindicato, Héctor Segovia, quien advirtió que apelará la intervención judicial y se mantendrá en su cargo.
El representante de Trabajo, Roque Vitale aseguró que su paso por el sindicato de Santa Cruz será “transitorio y corto” por lo que instó a los trabajadores a levantar el paro que ayer cumplió 23 días.
Vitale señaló que en las próximas horas tiene “programadas varias reuniones con los delegados en huelga para explicarles cuáles son los alcances de la gestión encomendada por Tomada”.
El viernes, poco después de conocerse la intervención al gremio provincial que dispuso el juez de instrucción de Caleta Olivia, el ministro de Trabajo salió a presionar a la Federación de Petroleros para que tome cartas en el asunto y normalice la situación del sindicato de Santa Cruz. Tomada designó un “delegado oficial” que sin ser interventor, ni normalizador tendrá la tarea de “garantizar el normal funcionamiento del gremio”.
Por su parte, Héctor Segovia –el titular del gremio provincial que se opone al paro y mantiene un duro enfrentamiento con su adjunto, Rubén Retamoso que lleva adelante la medida de fuerza– advirtió que apelará la intervención que dispuso la justicia local tras un pedido efectuado por el gobernador Daniel Peralta.
“Estamos preparando una presentación porque el juez excedió su competencia al inmiscuirse en la vida interna del gremio cuando está en vigencia una comisión directiva que no fue destituida, ni suspendida por los canales correspondientes”, sostuvo el abogado del gremio Cristian Karanícolas.
En tanto, los intendentes oficialistas de Caleta Olivia, Fernando Cotillo y de Pico Truncado, Osvaldo Maimó se sumaron a la ofensiva provincial para que Segovia deje su cargo tal como reclaman los huelguistas. Cotilló indicó que “Segovia realiza una lectura equivocada de la grave situación que enfrenta su gremio y la provincia”. Por sus parte, Maimó reclamó reducir “la confrontación interna y garantizar la paz social”.
La huelga –que lanzaron la mayoría de los delegados con el apoyo de Retamoso– afecta al la totalidad de los yacimientos de la región norte de Santa Cruz que aporta el 20% de la producción nacional de petróleo .
Edición Rural.com
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